Trillo culpa a la cúpula militar de la contratación del avión Yak-42

El ex ministro de Defensa, Federico Trillo, que se acogió a su derecho a declarar por escrito, señala en los 23 folios del informe remitido al juez, que la responsabilidad última de la contratación del avión correspondió al Estado Mayor Conjunto (Emacon) y que él no tuvo ninguna competencia en este asunto. Dicha declaración, fue puesta ayer a disposición de las acusaciones particulares en la causa, constituidas por los familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente.

Asimismo, Trillo apunta en esta declaración que mantuvo una reunión con un representante de la compañía británica contratista del Yakovlev- 42 que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003, Chapman Freeborn, cuatro días antes de que se produjera el accidente para reclamarle explicaciones.

Según un documento interno del Ejército de Tierra, éste preguntaba «sobre la falta de seguridad» de uno de sus aviones de fabricación soviética. Según se ha ido conociendo de la investigación, en octubre de 2002, el Estado Mayor Conjunto, dirigido por el general Juan Luis Ibarreta, convocó una reunión para buscar soluciones y ajustar los vuelos de sostenimiento de las diversas operaciones porque los Hércules del Ejército del Aire español «estaban sobrepasados de horas de vuelo».
Por otro lado, Grande-Marlaska, ha citado al sucesor de Trillo al frente del Ministerio de Defensa, José Bono, para el próximo 3 de abril a las 10:00 horas.
Bono, al contrario que Federico Trillo, se personará en los juzgados como testigo en la causa, que se ciñe exclusivamente a la parte de la contratación del avión.
Causa reabierta
Además de la comparecencia de Bono, está pendiente la declaración de los representantes de la empresa británica Champan Freeborn, a la que la agencia de la OTAN Namsa subcontrató el alquiler del avión. En una comunicación remitida el pasado día 13, su representante legal, Carol Norman, solicitó al juez que le permita testificar en el Reino Unido mediante una comisión rogatoria.
Por otra parte, el juez ya ha tomado declaración a cuatro mandos militares, al ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas Alfonso Agulló y al entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte. Todos ellos aseguraron no tener constancia de la existencia de quejas sobre el funcionamiento de los aviones contratados a compañías de la antigua Unión Soviética. También han prestado declaración el perito aeronáutico designado a petición de las familias, que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos y un comandante que recibió un correo electrónico de un colega en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a «piratas aéreos».
Fernando Grande-Marlaska es el juez encargado de investigar el accidente del Yak-42, ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, en la parte relativa a la contratación del aparato, después de que la Sala de lo Penal le obligara a reabrir la causa que él mismo había archivado el pasado junio. Igualmente archivó las diligencias relativas al reconocimiento de los cadáveres, también en contra del criterio de la Fiscalía, que ha recurrido esta decisión ante la Sala porque considera que el equipo militar forense que realizó las identificaciones falseó la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos.
 

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