Los poderes públicos no pueden financiar una ofensa a la Guardia Civil

"La lucha contra el terrorismo, una forma de criminalidad muy compleja, tiene unas exigencias que las sociedades democráticas que sufren esta lacra, como la española, han tardado en asumir. Y la primera de esas exigencias es la radical deslegitimación social de los terroristas, sobre todo si cuentan con apoyo relevante en algún sector de la población.

En efecto, aunque la acción policial y judicial es central en la lucha antiterrorista, por sí sola difícilmente resuelve el problema mientras no se desarraigue ese apoyo social que nutre a los terroristas de colaboradores, cómplices y futuros continuadores de la actividad criminal. Para ello la acción política es esencial, e incluye desde el decidido reconocimiento de las víctimas, que son la cara humana del sufrimiento que ocasiona el terrorismo, hasta el repudio del mismo y de todo lo que significa en cualquier manifestación o expresión pública.

En España parecía que este paso se había dado de manera definitiva en el momento central de la lucha antiterrorista que fue el segundo mandato de José María Aznar, cuando se adoptaron iniciativas como la firma por los dos grandes partidos nacionales del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, la aprobación de la Ley de Partidos Políticos o la adopción de diversas medidas para proteger la dignidad de la víctimas del terrorismo. Sin embargo, los cuatro años de José Luis Rodríguez Zapatero y su errático y fracasado "proceso de paz" han supuesto un retroceso objetivo en el camino hacia la derrota de ETA por el Estado de Derecho.

Es en este contexto donde hay que enmarcar el escándalo que ha producido la imagen, ofensiva para la Guardia Civil y para la lucha antiterrorista, utilizada para promocionar una película que, al estrenarse en un festival, dio lugar a aplausos y vivas a ETA de los espectadores cuando aparecían en la pantalla terroristas asesinando a miembros de la Benemérita: justo el efecto contrario al que en una sociedad civilizada y sana se podría esperar ante tales horrores.

Pero el mayor escándalo es la noticia de que la película ha sido subvencionada con fondos públicos por diversas instituciones gobernadas por el PSOE, la Junta de Andalucía de Manuel Chaves, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Leopoldo Barreda y la Diputación Provincial de Málaga del polémico Salvador Pendón - que justamente estos días acaba de ver ratificada una condena penal por agresiones a un funcionario. Difícilmente cabe imaginar mayor insensibilidad por parte de responsables políticos en un terreno tan delicado como la lucha antiterrorista.

Ante la indignación de la Guardia Civil, de las víctimas del terrorismo y de la oposición parlamentaria del PP, el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha asegurado que sus servicios jurídicos analizarán la película para comprobar si hay motivos para emprender las "acciones oportunas". Quizá lo primero que tendría que hacer es pedir explicaciones a sus propios compañeros de partido por haber utilizado el dinero de todos los españoles para financiar semejante aberración.

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