La Guardia Civil detiene en Guipúzcoa a dos empresarias aberzales por financiar a ETA El industrial Aldaya declara en la Audiencia que se quedó «medio loco» tras ser secuestrado por la banda

  
Dos empresarias, María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, hermanas y pertenecientes la izquierda aberzale, fueron detenidas ayer de madrugada en Orio (Guipúzcoa) por pagar voluntariamente diversas cantidades de dinero a la banda terrorista.

Este doble arresto fue realizado por la Guardia Civil bajo la dirección del juez Baltasar Garzón en el marco del sumario que instruye el magistrado en el que investiga la red de extorsión de ETA.




Una de ellas, María Isabel, figuró como segunda suplente en las listas de Euskal Herritarrok a las elecciones municipales de 1999 en Orio. Agentes de la Benemérita registraron en presencia de las arrestadas dos empresas de marisco y conservas en las localidades de Aguinaga y Usurbil en el marco de esta operación contra la red de extorsión etarra que sigue abierta y en la que se encuentran imputados el dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, y el dirigente del PNV Gorka Agirre.

La última contribución a la causa terrorista de ETA fue de 6.000 euros, según consta en una nota manuscrita del número uno de la banda, Francisco Javier López Peña, hallada en el piso de Burdeos donde en mayo cayó la cúpula de la banda. En esa nota, «Thierry» agradecía el pago a las dos hermanas, cuyos nombres citaba directamente. Así lo aseguró el ministro Pérez Rubalcaba, quien dijo que «de lo que sabemos hasta ahora lo único que se hace es confirmar la importancia de esas detenciones».

Mientras, el industrial vasco José María Aldaya afirmó ayer en la Audiencia que tras el secuestro que sufrió a manos de ETA se quedó «medio loco» y arrastra unas caderas «deshechas» debido al minúsculo zulo en el que la banda le recluyó entre el 8 de mayo de 1995 y el 14 de abril de 1996. Los etarras Javier Arizcuren Ruiz, alias «Kantauri», y Dolores López Resina, alias «Lola», se negaron a responder en el juicio. El fiscal pide para ellos penas de 17 años. Por otra parte, con la aplicación de la «doctrina Parot», el etarra Pedro Odriozola, que iba a salir el 2 de julio de prisión, deberá cumplir diez años más.

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