Rubalcaba dice que aplicará con «mesura» la ley que impide a los guardias civiles manifestarse  


El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó hoy que la Guardia Civil tiene restringidos algunos derechos por su carácter militar, por lo que defendió que el Gobierno tiene que estudiar «con prudencia y mesura» la posibilidad de sancionar a los guardias civiles que participaron en la manifestación del pasado 18 de octubre.    
  
Por su parte, el PP se opuso a las sanciones pero defendió que, en caso de que no se produzcan, el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, deberá presentar su dimisión por «pérdida de autoridad».  
    
Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Rubalcaba hizo referencia al carácter militar de la Guardia Civil y explicó que esto implica la restricción de algunos de   sus derechos, como los de manifestación política y sindical. «Y otra cosa no, pero la manifestación fue sindical en estado puro», subrayó.      

Por ello, enfatizó que corresponde al Gobierno recordar las limitaciones que existen «y a las asociaciones cumplir la ley» y explicó que ahora el Ejecutivo pondrá «la misma determinación» en   aplicar la legislación «para que tengan derechos y también para los   deberes».      
De esta forma, insistió en que la Benemérita «tiene sus mecanismos disciplinarios» y se harán informes sobre la manifestación. «El Gobierno tiene la obligación de aplicar la ley en todos los sentidos,  y lo vamos a hacer con la prudencia y la mesura que nos caracteriza», insistió.

Desproporción en las sanciones
Por su parte, el portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ignacio Cosidó, preguntó a Rubalcaba si su Ministerio aplicará   finalmente las sanciones tal y como advirtió Velázquez en una circular a todas las unidades. En este sentido, vio una «desproporción» que el Ejecutivo socialista sancionara a 20   promotores «de uniforme» en la concentración de enero de 2007 y   pretenda ahora abrir expedientes contra los agentes «de paisano y sin   armas» que se manifestaron este 18 de octubre.      
Dicho esto, recordó que el director general de la Policía y la   Guardia Civil dictó «una orden amenazándoles con sancionarles si   asistían», y frente a ello, dijo, los guardias civiles acudieron a la   protesta. Por ello, sentenció: «O Velázquez sanciona a los guardias, cosa que mi grupo cree que es excesivo, o no sancionan pero Velázquez dimite porque ha perdido su autoridad». «O sancionan, o no sancionan pero el director general no puede estar ni un minuto más al orden de   la Dirección», advirtió.      
Cosidó también censuró el «recorte» de libertades sindicales   realizado por Interior, aspecto en el que puso de manifiesto las denuncias presentadas por algunas asociaciones profesionales de la Guardia Civil contra Velázquez por un posible delito de coacciones.  
«La estrategia meramente disciplinaria va a complicar el conflicto más», avisó el dirigente ‘popular’, para considerar que el Cuerpo   está «cansado» del «doble discurso» socialista. «Cuando está en la oposición va a la calles a manifestarse y cuando está en el Gobierno   sanciona a los que llevan la pancarta», apostilló.

En su intervención, Rubalcaba defendió que el Gobierno ha estado en todo momento «abierto» al diálogo con los sindicatos policiales mientras que éstos han «rechazado» en varias ocasiones su asistencia  a las mesas de negociación convocadas en los últimos meses por su departamento. «No nos va a costar nada sentarnos a la mesa porque nunca nos hemos levantado», sentenció el ministro en cualquier caso.      
Rubalcaba aseguró que el sueldo medio de un policía o un guardia civil se ha incrementado en un 10,52 por ciento más que el resto de funcionarios de la Administración General del Estado. «Un policía y   un guardia civil han visto como sus salarios crecían en estos años un   10,52 por ciento más que un diplomático o un inspector de hacienda», subrayó, para apuntar que las dotaciones económicas en el Cuerpo han   subido más de un 47 por ciento en los últimos cuatro años.    
Destacó que el Gobierno ha realizado «el esfuerzo presupuestario más grande de nuestra historia democrática» dedicado a las fuerzas de seguridad, y señaló que su línea política se ha basado en «más   personal, más medios y mejores condiciones de trabajo posible».      
Dicho esto, consideró conveniente convocar el Consejo de Policía   una vez «exista un acuerdo básico» con las centrales sindicales, aunque dijo que si la única forma de desbloquear el conflicto es reunir este Consejo el Ministerio procederá a hacerlo. En cuanto a la   Guardia Civil, recordó el nuevo estatuto jurídico aprobado en estos   años —Ley Orgánica de Derechos y Deberes y Ley del Régimen   Disciplinario de la Guardia Civil—, e incidió en que las elecciones   del Consejo del Instituto Armado se celebrarán en enero, tal y como   ha pactado con la asociación mayoritaria, la AUGC.

«Mal pagados y mal tratados»
 Por su parte, la diputada de Unión, Progreso y Democracia, Rosa   Díez, defendió que los efectivos de Policía y Guardia Civil están   «mal tratados y mal pagados» y, aunque reconoció que en el pasado   estaban en peor situación, pidió «no tomar el retrovisor por   horizonte». De esta forma, criticó la desigualdad de los cuerpos de   seguridad del Estado con las policías autonómicas y el tratamiento que reciben del Ministerio del Interior.      
Asimismo, se sumó a las críticas por el llamamiento hecho por   parte del Gobierno a los guardias civiles para no asistir a la   manifestación y lamentó que se trata de una actitud «condenable»   porque «no corresponde con los tiempos democráticos actuales». «No puedo sino reprobar su actuación y su forma de comportarse en este   sentido», indicó al ministro.      
El representante de IU, Gaspar Llamazares, también realizó un   llamamiento al Gobierno para que negocie con las FCSE «sin prisas   pero sin pausa» y se mostró preocupado por «las amenazas y las   represalias» mientras que «faltan cumplimientos» por parte del   Ministerio del Interior.      
En este contexto, el diputado del PNV Emilio Olabarria se sumó a   la crítica de Llamazares de que la Guardia Civil continúe siendo un   cuerpo militar y rechazó que puedan abrirse expedientes disciplinarios por participar en la marcha, a la vez que calificó   como «repudiables y rechazables» las advertencias de no asistir.      
Por parte de CiU, Mercé Pigem reconoció que los avances a lo largo   de la legislatura han sido «importantes», pero advirtió que «no suficientes», y pidió al Ministerio una postura activa para   solucionar el conflicto. Además, apostó porque «afloren» los derechos de la Guardia Civil y rechazó también que la apertura de expedientes   pueda ser la mejor manera de «quitar hierro a este asunto».

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