Ibarretxe prepara una ley que englobaría desde los malos tratos a supuestas torturas

El Gobierno vasco dio ayer una vuelta de tuerca más a la equidistancia que mantiene entre víctimas y verdugos al demostrar que no da un paso hacia los primeros sin avanzar después hacia los segundos. Durante el debate en el Parlamento vasco del proyecto de ley de víctimas del terrorismo, una norma que llega con retraso y que ha recabado un amplio y difícil consenso, el parlamentario de Eusko Alkartasuna, Rafa Larreina, anunció que el tripartito promoverá una ley de reconocimiento, reparación y protección de las víctimas de «violencia de motivación política».
Esta norma, gemela a la que tanto ha costado aprobar para los damnificados del terrorismo, englobaría a los afectados por acciones de grupos de extrema derecha y parapoliciales, malos tratos o torturas a manos de las fuerzas de seguridad (donde se incluiría a los presos etarras). «Por parte de EA, y me consta que del Gobierno, se va a abordar esta cuestión sin dilación», señaló Larreina en respuesta a la demanda de Aralar, que pretendía que la ley de víctimas del terrorismo agrupase a este otro colectivo.
Una vez que dio a conocer el proyecto, un gesto más del tripartito hacia la izquierda abertzale para lograr que apoye la consulta ilegal, pidió a Aralar que retirase sus enmiendas «para no mezclar a unas víctimas con otras». Larreina señaló que el Gobierno vasco ultima un informe encargado por el Parlamento autónomo sobre las víctimas de motivación política para tener un diagnóstico de su situación. A partir de ahí, afirmó que el objetivo es elaborar «una nueva ley», que consideró «necesaria y urgente». «Si a la ley de víctimas del terrorismo decíamos que todos llegábamos tarde, en este caso aún más», añadió. Desde el PNV, Gema González de Txabarri, no hizo mención a la ley pero sí se comprometió a analizar la «realidad» de las víctimas de «otro tipo» de violencia, a las que se «atenderá». Lo cierto es que sería el consejero de Justicia y Asuntos Sociales, Joseba Azkarraga (EA), el encargado de impulsar la ley. Al conocer la iniciativa el diputado socialista, Jesús Loza, subrayó que en el País Vasco puede haber «muchos sufrimientos, pero víctimas sólo unas, dejémoslo claro de una vez». «El PSE no se embarcará en ningún camino que lleve a esa equiparación», sentenció.
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